Estamos levantando nuestra voz en favor de los usuarios de drogas inyectables que viven con la condición de VIH y quienes tienen un 22% más posibilidades de contraer el virus, según datos de ONUSIDA, por su condición de usuarios de sustancias que muchas veces les lleva a compartir agujas, jeringas y otros suministros para inyección.
Las consideraciones son del doctor Víctor Terrero, director del Consejo Nacional para el VIH y el Sida, quien afirma que uno, de cada diez diagnosticados con VIH en países desarrollados tiene VIH y que las formas de transmisión en personas que se inyectan drogas son por compartir agujas y relaciones sexuales sin protección.
Esta población a juicio de Terrero debe ser tratada como personas vulnerables a quienes hay que concederle tratamientos especiales en un marco de respetarle sus Derechos y ofrecerles las debidas garantías que conllevan esas prerrogativas contempladas en la Constitución.
En ese orden el director del Consejo Nacional para el VIH y el Sida afirma que la respuesta desde el Estado hacia la población que utiliza sustancias de forma inadecuada debe ser con una doble perspectiva la de salud y de respeto a sus derechos humanos.
Sostiene que para una asistencia correcta hay que reconocer que en esos pacientes que consumen drogas los costos de atención de la salud se incrementan, pues el riesgo les expone a muchas condiciones: lesiones relacionadas con la intoxicación, accidentes y violencia, enfermedades como cirrosis, afecciones cardiovasculares, cáncer, enfermedades mentales e infecciones como hepatitis B y C y el VIH/sida.
El director del consejo Nacional para el VIH y el Sida al hablar en el marco de una Conferencia sobre Políticas de Drogas VIH y Derechos Humanos se refirió a que la condición de VIH actúa como un lente que amplía las debilidades de los sistemas sociales con énfasis en salud que dificulta a los usuarios de drogas acceder a servicios sanitarios oportunos.
Puntualiza que además de no poder acceder a tiempo a los servicios de salud, los usuarios de drogas inyectables tienen que sortear otras dificultades como son que menos del 30% conoce su condición serológica y un 33% es víctima de violencia y un 50 % sufre arrestos injustificados.
Los usuarios de drogas – según Víctor Terrero- padecen una prevalencia de sífilis que afecta entre un 5.2 % y un 12 % de esa población.
Todo este panorama nos hace solicitar a las autoridades revisar y adaptar las legislaciones y políticas que obstaculizan la participación de usuarios de drogas en los programas de prevención y atención al VIH, como es el caso de artículos punitivos contemplados en las Leyes No. 135-11 sobre VIH de manera puntual el 50-78 y 79 y en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
