Claire Nicholson, vocera de USCIS, confirmó a Efe que de esa cifra por lo menos un centenar cuenta con una sospecha razonable y ya ha sido remitido al Departamento de Justicia (DOJ) para que evalúen tomar alguna acción legal en contra de los inmigrantes, incluida el despojarlos de la ciudadanía estadounidense.
En junio pasado, la Administración del presidente Donald Trump formó dentro de USCIS un grupo especializado de investigadores y abogados, con sede en Los Ángeles, para estudiar casos en los que pudo haber fraude en las aplicaciones a nivel nacional.
Dan Renaud, director asociado de operaciones de esta agencia federal, dijo al periódico Los Angeles Times que evalúan casos en los que se han identificado que los inmigrantes usaron más de una identidad, a veces hasta tres.
Los esfuerzos de este equipo se enfocan en los registros de huellas dactilares recogidas desde el año 1990, las cuales no estaban en archivos digitales y por ende no podían ser comparadas con los más recientes.
Un cálculo del Departamento de Seguridad Interna (DHS) en 2011 advirtió que unos 315.000 inmigrantes con antecedentes podrían haber escapado a los radares de inspección de las autoridades de Inmigración.
Activistas y abogados creen que estos esfuerzos de la actual Administración son para atemorizar a la comunidad inmigrante. Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Angeles (ASOSAL), advirtió que las autoridades federales se solían enfocar en perseguir a inmigrantes que hubieran violado los derechos humanos o personas vinculadas con crímenes de lesa humanidad.
“Lo preocupante es que ahora estarían enfocándose en cualquier omisión, incluso en casos de personas que llevan décadas siendo ciudadanos”, agrega el abogado, quien no obstante resalta que el proceso de desnaturalización se debe realizar frente a un juez federal.
Incluso, en abril pasado, tras una votación unánime, el Tribunal Supremo de Justicia rechazó la intención del Gobierno de retirar la ciudadanía a una inmigrante de Serbia, Divna Maslenjak, que se convirtió en ciudadana en 2007 y encubrió los crímenes de guerra de su esposo en su aplicación de ciudadanía.
La Suprema Corte dijo al Gobierno que no pudo demostrar si esa mentira hubiera causado que los funcionarios de USCIS no concedieran la ciudadanía a la mujer.
