SANTO DOMINGO. El expresidente Hipólito Mejía acusó a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de llevarse “hasta los edificios” de las empresas del Estado al desmantelar la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).
“En nuestro país hemos sido testigos de un deterioro progresivo de la institucionalidad democrática, sobretodo, durante los años que el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido el control de los tres poderes clásicos del Estado y los que ahora se conocen como extrapoderes”, indicó.
Mejía habló ante el Parlamento Centroamericano sobre el tema “El rol de los partidos políticos hacia el 2030”, donde afirmó que “Los partidos políticos son indispensables para garantizar la pluralidad democrática” que se celebra en el país.
“La corrupción ya no se limita a la periferia del poder. Ahora vemos a presidentes, congresistas, jueces, alcaldes y todas clases de líderes políticos y sociales protagonizar los más escandalosos actos de corrupción”, destacó.
Mejía precisó que el ejercicio del poder político se ha vuelto sinónimo de corrupción. En consecuencia, hay que combatirla desde el poder mismo y, sobre todo, desde las estructuras de donde emana el poder, que son los partidos políticos.
Ley Electoral
El expresidente criticó que ocho años después de haberse modificado la Constitución, casi en su totalidad, más de veinte leyes orgánicas se encuentran pendientes de ser aprobadas, a pesar de la obligación constitucional que tiene el Poder Legislativo de conocerlas.
Citó estas leyes, tomando en consideración que acaba de ser aprobada la Ley de Partidos, se encuentra pendiente de ser reformada, para poner la en armonía con la Constitución Política, la Ley Orgánica Electoral, que también es decisiva para los partidos políticos.
Dijo que ahora corresponde demandar sin descanso la reforma de la Ley Electoral para garantizar que las elecciones sean libres, objetivas, transparentes y, sobretodo, equitativas, como manda la Carta Magna.
“Las competencias electorales no deben seguir siendo eventos en los cuales los detentadores de grandes fortunas y los administradores de los bienes públicos compren las elecciones”, sostuvo .
Planteó que la Ley Electoral debe poner topes que reduzcan significativamente los gastos en las campañas, además de controles que eviten que los recursos y bienes del Estado, así como otros fondos de origen ilícito, tales como el narcotráfico y lavado de activos, dañen la integridad de las elecciones.
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