SENASA Subsidiado: Derecho Social y Justicia Fiscal para la Clase Trabajadora Dominicana

Por Edwin DeLaCruz

Periodista y sindicalista

Santo Domingo, R D -. el Seguro Nacional de Salud (SENASA) representa una de las políticas públicas más relevantes de los últimos años en materia de inclusión social. Su modalidad subsidiada, dirigida especialmente a personas en condición de vulnerabilidad, ha permitido que millones de dominicanos y dominicanas accedan a servicios de salud sin tener que aportar directamente al régimen contributivo. Pero aquí hay una verdad que no debe pasar desapercibida: quienes reciben este beneficio también pagan, y no poco.

Un sistema que garantiza dignidad a quienes más lo necesitan

El régimen subsidiado de SENASA cubre actualmente a más de 5.7 millones de personas, incluyendo trabajadores informales, desempleados, adultos mayores sin pensión, madres solteras y otros grupos históricamente excluidos del sistema de seguridad social. Para ellos, este seguro no solo significa acceso a consultas, emergencias, tratamientos o medicamentos; también representa un símbolo de dignidad y justicia social.

Este modelo ha sido vital para la clase trabajadora dominicana (en especial la informal), que no siempre cotiza en la Tesorería de la Seguridad Social, pero que sostiene la economía nacional desde múltiples oficios invisibilizados: vendedores ambulantes, motoconchistas, conserjes, albañiles, empleadas domésticas, etc. Ellos también sostienen al país.

Sí pagan impuestos, aunque no estén en la TSS

Es necesario romper con el discurso de que quienes están en el régimen subsidiado “no aportan”. Sí lo hacen, pero lo hacen de forma indirecta. Aunque muchos alimentos de la canasta básica y los medicamentos están exentos de ITBIS, hay otros productos alimenticios procesados, artículos de uso diario, electrodomésticos, vestimenta, materiales escolares, y servicios como el transporte o la comunicación que sí están gravados. 

Cada vez que una persona compra un jugo, una botella de agua, un paquete de galletas, paga una recarga telefónica o un pasaje en carro público (afectado por el impuesto al combustible), está aportando al fisco.

Este aporte cotidiano e invisible de los trabajadores informales y desempleados no debe ser ignorado. No tener una nómina o un salario fijo no significa estar al margen del sistema. De hecho, es justamente gracias a esos impuestos indirectos que el Estado puede sostener políticas como el SENASA Subsidiado. 

Por eso, hablar de “subsidio” no debería implicar asistencialismo, sino reconocer un derecho ganado por una ciudadanía que también cumple con sus obligaciones fiscales, aunque desde otro ángulo.

SENASA Subsidiado no debe verse como una carga presupuestaria, sino como una inversión en capital humano. Fortalecer este programa es garantizar la productividad de una población trabajadora que, aunque no figure en la formalidad, sostiene la economía desde abajo y paga el precio del día a día. Desprotegerlos sería un acto de injusticia social y económica.

Si el Estado reconoce que todos pagamos impuestos, aunque sea indirectamente, entonces debe asumir que todos merecemos protección y derechos básicos, como la salud. La clase trabajadora informal y los desempleados no están de manos vacías frente al país: están contribuyendo desde cada compra, cada servicio pagado, cada esfuerzo diario.

Por eso, el régimen subsidiado del SENASA no debe verse como un favor, sino como parte de un contrato social más justo, más humano, y más realista con la vida de millones de dominicanos. Invertir en su salud es también invertir en el desarrollo sostenible y en la paz social de la nación.

El autor es Periodista, abogado y sindicalista