Nada ampara a los policías para pedir la actualización de su pensión después del retiro
Aquilino Ciprián de la Cruz asegura que la pensión que le paga el Estado como primer teniente retirado de la Policía Nacional de 11 mil pesos mensuales no le da ni para costear su comida diaria, mucho menos para pagar los medicamentos que requieren él y su esposa.
A sus 86 años, Ciprián ha asumido una lucha sin descanso para exigir el ajuste de las pensiones de los que, como él, se jubilaron el siglo pasado después de décadas de servicio.
El Congreso y el Poder Ejecutivo han creado y promulgado las leyes 96-04 y 590-16 para reglamentar la función policial y las condiciones del retiro, pero en ninguna se colocó un artículo que obligara a actualizar los montos de los bajos rangos.
El resultado es un salario que pierde valor con el tiempo y que depende exclusivamente de la voluntad del presidente de turno.
Luis Abinader fue el último que dispuso un aumento de 10 % que el octogenario Ciprián considera una burla. Para él, esto significó 1,000 pesos adicionales.
"No tenemos ni siquiera para cocinar una vez al día. De seguir así, para nosotros eso significará una condena de muerte anticipada", lamenta.
El director policial, Ramón Antonio Guzmán Peralta, admite que "la ley es la que lo establece así". "Nosotros no podemos hacer algo que la ley no nos permita hacer", indica.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirma que en la reforma a la Ley 590-16, Orgánica de la Policía que sometieron al Congreso contempla cambios en ese sentido.
"Hay un sistema totalmente distinto para garantizar la pensión digna de todos los policías. Es un sistema único que se ha creado para esos fines", prometió la funcionaria.
Por : Balbiery RosarioBalbiery Rosario
