𝑳𝒂 𝑮𝒖𝒂𝒛𝒂𝒓𝒂, 𝑩𝒂𝒓𝒂𝒉𝒐𝒏𝒂.–Militares y agentes de la Policía Nacional intervinieron de manera violenta durante una protesta pacífica realizada por residentes de la comunidad de La Guázara, en medio de un intento de desconexión del servicio de agua, hecho que generó tensión e indignación entre los manifestantes.

De acuerdo con versiones de los comunitarios, durante la actuación se registró un uso excesivo de la fuerza, evidenciándose a una persona tirada en el suelo mientras era maltratada por miembros de la Policía Nacional y efectivos militares, sin la aplicación adecuada de las técnicas policiales modernas ni de los protocolos militares establecidos para este tipo de escenarios.

Los denunciantes indicaron que el incidente ocurrió pese a que la Procuraduría General de la República dispuso la suspensión del otorgamiento de la fuerza pública durante el mes de diciembre, por razones humanitarias, conforme a una comunicación oficial emitida el 2 de diciembre de 2025 y firmada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso Gómez. La disposición establece que la medida se mantiene vigente hasta el 8 de enero de 2026.

Indicaron, además, que la presencia de los uniformados tenía como finalidad respaldar una acción administrativa relacionada con la interrupción del suministro de agua, lo que generó preocupación en la comunidad, al tratarse de un servicio esencial y producirse en una fecha de alta sensibilidad social y familiar.

Los residentes cuestionaron la legalidad del procedimiento y consideraron que la movilización de militares y policías vulnera una instrucción expresa del Ministerio Público, además de afectar de manera directa a decenas de familias en los días previos a las festividades navideñas.

Asimismo, expresaron su inquietud por la limitada difusión del hecho en determinados medios de comunicación, situación que, a su juicio, restringe el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada sobre posibles excesos en el uso de la fuerza pública.

Ante lo ocurrido, los comunitarios exhortaron a las autoridades competentes a investigar el caso, determinar responsabilidades, garantizar el respeto a las disposiciones oficiales y asegurar un trato digno a las comunidades, especialmente cuando se trata de servicios básicos y decisiones adoptadas por razones humanitarias.